Nota de la Biblioteca La Cascada: Variaciones sobe la igualdad

Posted on 06/04/2013

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La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular La Cascada entregó hoy la siguiente nota al Consejo Deliberante de San Martín de los Andes:

San Martín de los Andes, 3 de junio de 2013
Honorable Concejo Deliberante
Sra./Sra. Concejal
Presente

De nuestra mayor consideración:
Les hacemos llegar esta nota, en nombre de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular La Cascada, para manifestarles cuál es nuestra postura respecto a las idas y vueltas en torno al Fondo de Sostenimiento de las Bibliotecas Populares.

AHORA EN SERIO: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE IGUALDAD?
La semana pasada las Bibliotecas Populares que no pretenden ser élite ni que tampoco creen trabajar para la élite de nuestra ciudad volvieron a ser noticia en los medios. Primero fue con la derogación de la reglamentación del Fondo de Sostenimiento de Bibliotecas Populares, luego de que tres de las cuatro Bibliotecas Populares locales pidieran que se modificara la reglamentación y que se repartiera el dinero recaudado en partes igualitarias, y después fue con la triste reaparición de Gustavo Santos, autor de la reglamentación derogada, con una nota aparecida el 21 de mayo del corriente en “La Voz de los Andes” y la posterior presión de sus allegados en el Concejo Deliberante con un proyecto de modificación de la mencionada ordenanza.
Comencemos por un párrafo de la nota de Santos:
“Desde luego que es importante que el Municipio haga sus aportes para que las bibliotecas crezcan. Ya lo hizo en otras ocasiones, ¡pero con recursos propios! El fondo que crea la Ordenanza 7180/06 no es para eso.”
En primer lugar, habría que aclarar que los que hacen aportes son los vecinos, no el Municipio, ya que este solo se limita a controlar y repartir el dinero de aquellos miembros de la comunidad que optaron por contribuir al sostenimiento de las bibliotecas. Por supuesto, habría que preguntarle a Santos cuándo fue que el Municipio ayudó a las Bibliotecas con recursos propios, a menos que se refiera a los empleados de planta permanente del Municipio que trabajan en la 9 de julio. En segundo lugar, sería bueno aclarar a la comunidad que el Municipio siempre controló los gastos de las bibliotecas, como mediador entre los vecinos y las mismas, y con minucioso escrutinio hasta en el último centavo. Esto, más allá de que cualquier socio puede solicitar los balances y los libros de actas de las bibliotecas para analizar lo que en ellas se hace y se gasta.
Aclarado lo anterior, sigamos.
Fiel a su trayectoria de sofista, Gustavo Santos escribe en esa nota:
“Pero volvamos al tema de la igualdad. Las bibliotecas que el decreto define como “grandes” son en realidad las que más espacios y servicios ofrecen, las más concurridas por vecinos y, lógicamente, las que más gastos operativos poseen. Tienen más recursos, ¡pero también más gastos!
“El Intendente es maestro. Sabe que el sostenimiento de una escuela grande es más costoso que el de un aula o una escuela de menor tamaño. Con las bibliotecas pasa lo mismo. Así lo entiende la Nación desde que existe la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (año 1870). Para Nación las bibliotecas no se dividen en grandes y pequeñas. Por supuesto que las que poseen una colección más completa, mayor tiempo de atención al público, más actividades de incentivo a la lectura, asistencia escolar y otras, suelen ser bibliotecas antiguas y grandes.
“Pero el análisis no empieza por el tamaño sino por la historia y la cantidad de servicios socio-culturales que brindan. Siguiendo esta lógica, para la Nación existen tres categorías de bibliotecas populares y los subsidios que otorga son escalonados. La Ley Provincial de Bibliotecas Populares también agrupa a las bibliotecas en categorías. Y una ordenanza similar a la nuestra, de la ciudad de Neuquén, emplea el mismo criterio de distribuir recursos de manera equitativa. ¿Por qué? Porque todas las bibliotecas tienen la misma jerarquía institucional, pero el costo de sostenimiento es mayor cuando poseen edificios más amplios y equipados, más servicios y mayor número de usuarios.”
Detengámonos aquí por un instante. Tal vez ni Gustavo Santos ni los concejales que escribieron el proyecto de modificación de la ordenanza sepan que la misma Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, en cuyo ancestral criterio basa Santos su argumentación, ha redactado una nueva ley que está por ser presentada al Congreso, ni que en la misma deja de existir el sistema de categorización tal como funcionó hasta ahora, en aras de ayudar más a las que menos tienen. Lamentamos que esto pueda horrorizar a Santos y a sus adherentes.
No se trata de un capricho sino de una puesta al día con la Historia. Es razonable que a través del prisma ideológico de la Argentina y el mundo de 1870 se buscara beneficiar a los que más tenían en desmedro de los más necesitados. Creemos que el mundo se ha vuelto más razonable desde entonces en materia de justicia social y, por consiguiente, una nueva ley vendría a reparar esa visión de inequidad camuflada para, por fin, adherir a un criterio de justicia e igualdad fundamentado en la solidaridad.
Más allá de esto, y ya en lo puramente local, creemos necesario echar luz sobre algunos conceptos vertidos en la nota de Santos:
En el primero de los párrafos citados, Santos sostiene que las bibliotecas “grandes” son las que tienen más recursos pero también más gastos. Está refiriéndose, por sobre todo, a la Biblioteca 9 de Julio, su biblioteca, en desmedro de las otras y, más puntualmente, de las Ruca Trabún y La Cascada. El silogismo planteado sería, en abstracto, válido. Pero no lo es en lo concreto. Veamos por qué.
La Biblioteca 9 de julio cobra una cuota social que es el doble o el triple de la de las otras bibliotecas. Esto ha de ser porque, sin duda, sus asociados pueden abonarla. No sucede lo mismo en las otras bibliotecas porque sus socios a duras penas pueden pagar siquiera $5 (sí, cinco pesos) de cuota.
La Biblioteca 9 de julio cuenta con tres empleados pagos por el Municipio, con lo cual tienen menos gastos de sueldos. Hay bibliotecas locales que a duras penas alcanzan a pagarles a dos personas y que no cuentan con personal del Municipio.
La Biblioteca 9 de julio tiene edificio propio y alquila, a cambio de dinero, por supuesto, sus salones para que allí se lleven a cabo actividades. Dos de las bibliotecas locales no cuentan con edificio propio y, obviamente, ni sueñan con alquilar nada.
Los talleres en la Biblioteca 9 de julio son pagos, si no en su totalidad, en su mayoría. No sucede lo mismo en las otras donde todos o casi todos los talleres son gratuitos o a la gorra. Y que conste que en dos de ellas no hay talleristas enviados por el municipio, como sí pasa en la 9 de julio, por lo cual esas o esos talleristas son pagados por esas mismas bibliotecas con escasos recursos gracias a lo que se recauda por rifas o por la publicación de un boletín mensual con la contribución de los comercios del barrio, o que esos talleristas ganan lo que les dejan de gorra. Vale aclarar que estas dos bibliotecas, al menos, consideran que todos los talleres y actividades deberían ser gratuitos en una biblioteca llamada popular.
Resumiendo: Mientras que la Biblioteca 9 de julio tiene personal al que no tiene que pagarle, alquila sus salones, cobra sus talleres y cobra una cuota social muy superior a la del resto de las bibliotecas, las otras bibliotecas tienen que pagarle a todo o casi todo su personal, no tienen espacios para usufructuar económicamente, ofrecen talleres gratuitos porque de ese modo permiten que participe una mayor cantidad de personas de escasos recursos, aun teniendo que pagar con los restos a quienes dictan los talleres. Además, dos bibliotecas se ven obligadas a realizar actividades fuera de sus ámbitos por no contar con espacios propios y aun así realizan gran número de actividades.
La mayoría de las bibliotecas “menores” “se las rebuscan” vendiendo publicidades para boletines y folletos u organizando eventos para así pagar a quienes en ellas trabajan y para comprar libros y otros materiales. Fuera de ello y de lo que perciben de los vecinos mediante el Fondo de Sostenimiento y, una vez por año, un magro subsidio de Provincia por medio de Bibliotecas Populares del Neuquén, no tienen otra alternativa: ni salones para rentar, ni talleres y cuotas caras para cobrar. Y ni siquiera tienen el alivio de una merma en sus gastos por tener personal al que no hay que abonarle nada; peor: tienen poco personal al que se le paga a duras penas o con duras penas. Y, por supuesto, los miembros de las comisiones que trabajan en estas bibliotecas no perciben sueldo alguno por todo el trabajo, que va de administrativo a logístico, algo que sí sucede en la Biblioteca 9 de julio.
Un detalle más: rara vez (o nunca) la Biblioteca 9 de julio apoya o ayuda en eventos comunitarios en los que hay que poner algún dinero. Las otras tres bibliotecas, en cambio, siempre lo hacen. Fíjense en quiénes aportan para Divercine, por ejemplo. Creemos que esto está también dando una pauta por lo que Gustavo Santos y la comisión de la Biblioteca 9 de julio entienden por igualdad y cuál es el rol comunitario que creen tener que desempeñar.
Vayamos a los números en concreto: durante los últimos cinco meses, los vecinos han aportado, en promedio, alrededor de $4500 a cada biblioteca local. Con la modificación que los ediles proponen para la ordenanza, las bibliotecas Ruca Trabún y La Cascada recibirían $3000, mientras la 9 de julio, en cambio, recibiría $9000. Ruca Trabún y La Cascada tendrían dinero para pagar a una de sus empleadas y para comprar un libro, nada más. La 9 de julio, que cuenta con personal de planta permanente del Municipio podría usar ese dinero en muchas otras cosas. Las bibliotecas chicas no podrían ya no crecer sino, lisa y llanamente, pagar el mínimo de sus gastos y, por lo tanto, desaparecerían en pocos meses. Para evitar esto último fue creada la ordenanza que pretenden modificar.
Por todo lo arriba expresado, creemos que es importante reformular la respuesta a la pregunta acerca de qué hablamos cuando hablamos de igualdad y dejar las cosas en claro para quienes integran el Concejo Deliberante y para la comunidad de San Martín de los Andes. Quizás sea bueno, en un futuro, plantear si es justo que una biblioteca tenga mayores privilegios que otra simplemente por ser la más antigua. Porque sin privilegios sin dudas sería posible que todas las bibliotecas locales en el futuro tuvieran historia y así todas poder brindar las mismas cantidades de servicios socio-culturales con las mismas condiciones. A menos, por supuesto, que pretendan que sobreviva una única biblioteca en la ciudad, último bastión de una supuesta élite cultural local.

Comisión Directiva de la Biblioteca Popular La Cascada
Carolina Nadilo Mocivuna – Daniel Tórtora – Miguel Selser – Analía Lacuadra – Alejandra Lema – Carolina Montes Moscoso – Juan Toraño – Marcelo Gobbo

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