Jesús escobar: “SAPAG TIENE LA SOLUCIÓN PARA QUE SE REINICIE EL DICTADO DE CLASES”

Posted on 03/12/2013

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El Gobernador Sapag tiene en sus manos la solución para que nuestros niños tengan clases, plata hay y habrá en la caja del Estado Provincial. Nadie discute ya que los sueldos docentes son bajos. El gobierno insiste en que no tiene recursos para abordar el aumento que se requiere, pero esto no es así.

En el 2013 el gobierno de Jorge Sapag va a contar con alrededor de $1.430.000.000 más de los que dice ingresaran en sus arcas.

Por lo menos desde el año 2005 el gobierno subvalúa los ingresos en el presupuesto que presenta a la legislatura para abordar el año. Desde entonces sistemáticamente la Banca Legislativa de Libres del Sur muestra el desfasaje de los números del gobierno. No es un capricho. Año tras año cuando se presenta el presupuesto ejecutado, se puede comprobar que los ingresos son entre un 10 a un 13 % por encima de lo presupuestado originalmente.

En el año 2012 los ingresos detallados en el ejecutado fueron cercanos al 11,5% por encima de lo consignado en el presupuesto previo.

En el conflicto docente del año 2010, Sapag insistía en que no tenia plata. Libres del Sur indicó que ese año los ingresos iban a ser de alrededor de $550.000.000 más de los que decía Sapag. Para respaldar la aseveración, Libres del Sur mostró que los ingresos de enero y febrero eran ya de un 12% por encima de lo previsto. Finalmente Sapag de la noche a la mañana otorgó aumento sin explicar de dónde salía la plata y el ejecutado mostró que los ingresos eran superiores en un monto casi idéntico a los $550 millones proyectados por Libres del Sur.

Una de las medidas que tomó el Ejecutivo fue dejar de publicar los números correspondientes a los ingresos mensuales (regalías, coparticipación, impuestos provinciales), de modo tal que desde junio de 2011 no se puede saber mes a mes cuanta plata reciben las arcas de la provincia.

En un contexto donde la inflación indica que los ingresos por impuestos nacionales, mayoritariamente dirigidos al consumo, crecerán; los impuestos provinciales se han visto reforzados por la reforma impositiva del año 2012 y las proyecciones hidrocarburiferas indican que las regalías se incrementarán a partir del tercer trimestre; todo indica que la provincia tendrá, tal como ocurre desde hace casi una década, ingresos superiores a los indicados en el presupuesto. En el 2013 ingresarán entre un 10 y un 12% más de recursos, mas de 1.400 millones. Ahí está la plata que el Ejecutivo oculta para manejar discrecionalmente, sin el previo control legislativo. Ahí tiene los recursos. Por lo tanto, de Jorge Sapag depende que nuestros chicos/as tengan clase.

PARA LA CONSULTA POPULAR HAY QUE REGLAMENTAR LEYES

La consulta popular es uno de los mecanismos de democracia semi-directa que fue incorporado a nuestra Constitución Provincial con la reforma del año 2006. Entre las cláusulas transitorias de la Constitución, se incorporó la N° VI, que expresa: “La Legislatura dictará, en el plazo máximo de dieciocho (18) meses de sancionada esta Constitución, las leyes reglamentarias de consulta popular, vinculante y no vinculante, audiencias públicas, revocatoria de mandato e iniciativa popular.”

En julio de 2006 durante mi anterior gestión como diputado, presenté los proyectos de ley necesarios para reglamentar dichas figuras. Luego de cuatro años sin ser tratados, por reticencia del oficialismo a incluirlos en el orden del día, fueron archivados. En el año 2012, volví a presentar tales proyectos, y seguimos a la espera de que los mismos sean tratados.

Por eso, ante los dichos del señor gobernador en el inicio del periodo legislativo 2013, expresando sus intenciones de hacer uso de la figura de consulta popular, lo instamos a que previo a ello, instruya a los legisladores de su partido a dar tratamiento a los proyectos de ley que reglamentan las figuras de democracia semi-directa.

 

Sobre los mecanismos de implementación

 

Si bien creemos que estas figuras son operativas por el solo hecho de haber sido incluidas en el texto constitucional, lo cierto es que resultan necesarias las leyes que las reglamenten, a fin de otorgar claridad y transparencia a la utilización de los mecanismos.

La consulta popular es una herramienta para poner en consideración de la ciudadanía una ley o bien decisiones de los distintos poderes políticos del Estado.

En el caso de una ley; una vez sancionada la misma, en su texto queda expresado que se sujeta su vigencia a la ratificación por la mayoría absoluta de los electores. Ratificada la misma, su promulgación es automática (no requiere promulgación por parte del Poder Ejecutivo). Se trata de una consulta popular vinculante: el voto es obligatorio, y la decisión de la mayoría es vinculante -si se ratifica la ley, la misma debe ser promulgada automáticamente-. No pueden ser objeto de consulta, aquellas leyes que exigen para su aprobación mayoría agravada.

En el caso de la consulta popular no vinculante, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o bien un municipio, puede someter una determinada decisión dentro de la esfera de su competencia, a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no es obligatorio, y la decisión no es vinculante -es decir, el poder que se trate puede apartarse de la decisión popular-. Quedan excluidas aquellas decisiones sobre materia tributaria.

Habría que ver de qué manera va a proponer el señor gobernador la consulta popular; si es a través de una consulta popular vinculante, requeriría que enviara un proyecto de ley en el que por ejemplo se estableciera la manera de garantizar los días de clase, pese a las huelgas, y en el mismo articulado se someta a consulta popular vinculante.

Si es esa la línea, el gobernador olvida que hay una constitución nacional, en la que está garantizado el derecho de huelga (art 14 bis). Por lo que devendría inconstitucional; y esa inconstitucionalidad no se purga por el hecho de haber sido sometida a una consulta popular

El derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado; no es una obligación impuesta a los trabajadores de la educación. Por lo tanto es el Estado el que tiene que velar por el cumplimiento de ese derecho y forma parte de esa obligación hacerse cargo de la recomposición salarial de los docentes y de la infraestructura edilicia, entre otras cosas.

Entonces, la discusión no es la preponderancia de un derecho sobre otro; porque justamente el Estado debe hacerse cargo del cumplimiento de ambos derechos; y la recomposición salarial es obligación del Estado no sólo como manera de garantizar el derecho de los trabajadores, sino también como parte de la obligación que nace de garantizar el derecho a la educación, la cual que se encuentra en cabeza del Estado.

 

Por último, le sugerimos al señor gobernador que antes de mandar un proyecto de ley en ese sentido, envíe un proyecto de ley para reglamentar las figuras de democracia semi-directa, que hace mas de 6 años que esperan ser reglamentadas. Una vez instrumentada quizás se pueda consultar a la ciudadanía si está de acuerdo en aumentar los impuestos a las petroleras y con esos recursos lograr una educación pública de excelencia.

Por todo esto sostengo, que de Jorge Sapag depende que nuestros chicos/as tengan clases.

 

Diputado Jesús Escobar

Movimiento Libres del Sur/Frente Amplio Progresista

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